La Casa Blanca establece altas expectativas para la Clarity Act, la ley destinada a clarificar el mercado cripto estadounidense. El principal asesor Patrick Witt apunta al 4 de julio, fecha del 250 aniversario de Estados Unidos, para su aprobación definitiva.
‘Sin margen de maniobra’
«Nuestro objetivo es el 4 de julio. Sería un regalo de cumpleaños fantástico para Estados Unidos en honor a nuestro 250 aniversario», afirmó Witt en la conferencia cripto Consensus en Miami. Witt es director del consejo asesor presidencial sobre activos digitales y lidera los planes cripto desde la Casa Blanca.
El calendario no permite retrasos. Este mes, el comité bancario del Senado debe realizar la llamada ‘markup’, una última revisión legal del texto.
Posteriormente, el Senado contará con cuatro semanas laborables en junio para adoptar la ley. La Cámara de Representantes ya aprobó su propia versión en julio del año pasado, pero debe volver a votar para alinear el texto con el del Senado.
«No hay mucho margen de maniobra», reconoció Witt. «Pero es un plan viable». La senadora demócrata Kirsten Gillibrand predijo que la aprobación será más bien a principios de agosto.
Fin de una prolongada zona gris
La Clarity Act pretende poner fin a años de confusión. Durante mucho tiempo, dos organismos reguladores estadounidenses disputaron sobre quién debía supervisar qué aspectos.
Durante el gobierno anterior del presidente Joe Biden, la Securities and Exchange Commission (SEC) consideraba la mayoría de las criptomonedas como valores, similares a acciones. El regulador adoptó una postura agresiva, llevando a numerosas empresas de criptomonedas a los tribunales.
Por otro lado, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) opinaba que muchas monedas digitales se asemejan más a materias primas, como el petróleo o el oro.
Con el regreso de Donald Trump, Estados Unidos no solo tiene un presidente pro-cripto, sino que la SEC también mantiene ahora una actitud favorable hacia la industria. En marzo, ambos reguladores emitieron una directriz declarando que la mayoría de las criptomonedas no están sujetas a la legislación sobre valores.
Sin embargo, una directriz no es más que una promesa en papel. Un futuro gobierno podría revocarla fácilmente. Solo con la Clarity Act se logrará una claridad verdadera y duradera.
Además, la ley va más allá de la distribución de la supervisión. Las bolsas de criptomonedas y los brokers tendrán reglas de registro establecidas, se implementarán protecciones para los consumidores contra prácticas abusivas, y las stablecoins también tendrán su propio lugar en el marco legal.
Bancos y criptomonedas ‘igualmente descontentos’
Recientemente se superó un gran obstáculo. Los senadores Thom Tillis y Angela Alsobrooks alcanzaron a principios de este mes un compromiso sobre el rendimiento de las stablecoins, es decir, los intereses que pueden ofrecer los emisores de monedas vinculadas al dólar como USDT y USDC.
En el nuevo texto, se prohíben distribuciones similares a las de intereses bancarios, pero se permiten recompensas basadas en uso y actividad. La Casa Blanca reunió a bancos y empresas de criptomonedas para elaborar el texto.
«Las criptomonedas están descontentas, los bancos están descontentos, pero ambos están aproximadamente igual de descontentos», comentó Witt. «Y eso indica que hemos encontrado el compromiso adecuado». Según él, este punto está ahora definitivamente resuelto.
La cuestión Trump sigue siendo un tema candente
Queda un punto conflictivo. Los demócratas quieren reglas estrictas contra conflictos de intereses, en parte dirigidas a los intereses cripto de la familia Trump. La Casa Blanca se opone a leyes centradas en una persona en particular.
«No permitiremos que se apunte a la familia de alguien o a un político específico», señaló Witt. Las reglas deben aplicarse «de manera uniforme, desde el presidente hasta el becario más joven en Capitol Hill». Witt es «optimista» de que también se resolverá este asunto.
El director general de Ripple, Brad Garlinghouse, advirtió esta semana que el tiempo apremia. Si no se logra antes de las elecciones intermedias en noviembre, el tema se volverá demasiado politizado. En los mercados de predicciones, la probabilidad de aprobación se sitúa actualmente en torno al 64 por ciento.
Según Witt, si la ley se retrasa, se corre el riesgo de una pérdida mayor. «Entonces no seremos nosotros quienes escribamos las reglas, sino que seguiremos el guion de otra persona. Y Dios nos libre si ese alguien es China.»
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