Las plataformas de intercambio de criptomonedas de Estados Unidos podrán optar por registrarse ante un único supervisor federal. El regulador estadounidense de derivados ha decidido no esperar más al Congreso, donde el mes pasado quedó bloqueado un importante proyecto de ley sobre criptoactivos.
La CFTC prepara su propia vía para regular las plataformas de criptomonedas
Mike Selig, presidente de la Comisión de Negociación de Futuros sobre Materias Primas (CFTC), anunció hoy en X que el organismo trabaja en un «registro federal voluntario» para las plataformas de intercambio de criptomonedas.
La CFTC supervisa los derivados, contratos cuyo precio depende de otro activo, como el petróleo o Bitcoin (BTC). Selig quiere que las plataformas de criptomonedas se rijan por las mismas normas que esos mercados.
Los mercados de criptomonedas merecen las mismas garantías que han protegido durante generaciones a los mercados estadounidenses de derivados, escribió al compartir una entrevista con Bloomberg TV.
El registro será voluntario porque, sin una nueva ley, la CFTC no puede obligar a ninguna plataforma a inscribirse. Por tanto, aquellas que solo permitan comprar y vender criptomonedas podrán seguir bajo la supervisión de los distintos estados del país.
En cambio, las plataformas que permitan operar con apalancamiento, es decir, con dinero prestado que amplifica tanto las ganancias como las pérdidas, sí estarán sujetas a estas normas. Según la CFTC, basta con ofrecer esa posibilidad, aunque el cliente no utilice fondos prestados.
Para esas plataformas, el sistema implica obligaciones y ventajas. Entre otras cosas, tendrán que demostrar que disponen realmente de los fondos de sus clientes, una exigencia con la que Selig pretende evitar otro caso como el de FTX. A cambio, contarán con un único supervisor federal.
Un plan B tras el bloqueo de la ley de criptomonedas
La CFTC ha decidido actuar por su cuenta después de que la ley CLARITY quedara bloqueada a mediados de septiembre en el Senado estadounidense. El proyecto se quedó muy lejos de reunir los votos necesarios.
La ley debía resolver una vieja cuestión: qué organismo debe supervisar las criptomonedas. Además de la CFTC, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) también reclama competencias, ya que supervisa valores como las acciones y los bonos.
El papel de la CFTC no es nuevo. En 2015, el supervisor clasificó Bitcoin como una materia prima, al igual que el oro o el petróleo. Desde finales de 2017, los inversores estadounidenses negocian futuros regulados sobre Bitcoin, contratos para comprarlo más adelante a un precio fijado de antemano.
En 2021 llegaron los futuros sobre Ethereum (ETH) y el año pasado se sumaron, entre otros, los de Solana y XRP. En la renta variable, el reparto es distinto: las opciones sobre acciones individuales dependen de la SEC, mientras que los futuros sobre índices bursátiles como el S&P 500 corresponden a la CFTC.
La compraventa al contado de criptomonedas nunca ha contado con un marco federal similar. Por ello, durante años las empresas del sector no han tenido claro qué normas debían cumplir.
Selig decidió no esperar: dos días después de la votación, su propio marco ya estaba en la Casa Blanca para su revisión. El 5 de octubre llegó un anuncio preliminar, una fase exploratoria en la que el supervisor solicita comentarios antes de elaborar las normas definitivas.
Los supervisores toman la iniciativa
La SEC, por su parte, sigue su propio camino. Ya en marzo determinó, junto con la CFTC, que la mayoría de las criptomonedas no son valores y, por tanto, no están sujetas a las estrictas normas aplicables a las acciones.
El 18 de agosto, la SEC presentó un régimen que facilita la captación de fondos a los proyectos de criptomonedas en sus primeras etapas.
Tras la votación fallida, llegó una exención temporal para la negociación de acciones tokenizadas, versiones digitales de acciones cotizadas registradas en una cadena de bloques. A principios de octubre también se presentaron propuestas sobre la custodia de criptoactivos por parte de los fondos de inversión.
Selig cerró su mensaje con una declaración política: la CFTC debe rendir cuentas al pueblo estadounidense, no al partido que controle el Congreso.
Ahí reside también la debilidad de esta vía: las normas de un supervisor son más fáciles de revocar que una ley. Antes, no obstante, llega el turno de la consulta pública: cualquier persona podrá presentar comentarios sobre los planes hasta el 14 de diciembre, exactamente dentro de siete semanas.
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