Francia se ha convertido en el eslabón más débil de la eurozona tras diez años de Emmanuel Macron. Los inversores se están deshaciendo de los bonos soberanos franceses y ya exigen un interés mayor por la deuda de Francia que por la de Italia.
La causa: un presidente que ha respondido a cada crisis con más gasto público. Y sus posibles sucesores también quieren desmantelar el resto de sus políticas.
¿Por qué se encarece la deuda pública francesa?
Los inversores confían cada vez menos en que Francia consiga controlar su déficit. La deuda aumenta mientras el crecimiento se debilita y el país carece de un Gobierno estable. A mayor riesgo, mayor interés exigido.
Los países se financian emitiendo bonos soberanos, títulos de deuda por los que pagan intereses cada año. Como ocurre con una hipoteca, cuanto menos confía el prestamista en quien pide el dinero, mayor es el interés.
El lunes, la rentabilidad del bono francés a diez años superaba en unos 149 puntos básicos la de Alemania, el emisor de deuda más seguro de Europa. La diferencia no era tan elevada desde 2011.
Un punto básico equivale a una centésima de punto porcentual. Por cada 10.000 millones de euros que Francia toma prestados a diez años, paga así casi 150 millones de euros más al año en intereses que Alemania.
Que Francia ya se financie a un coste superior al de Italia es significativo. Durante años, Italia fue considerada el país más rezagado de la eurozona.
El gasto público como respuesta habitual a las crisis
Macron llegó al poder en 2017 con un contexto favorable. La economía crecía y el presidente rebajó los impuestos a las empresas para impulsar la actividad empresarial.
La situación cambió a finales de 2018. Un nuevo impuesto sobre los carburantes desencadenó las protestas de los chalecos amarillos. Para recuperar la calma, el Gobierno destinó más de 10.000 millones de euros a las rentas bajas.
Después llegaron la pandemia y la crisis energética. El Tribunal de Cuentas francés contabilizó unos 190.000 millones de euros en ayudas por la pandemia desde 2020 y otros 72.000 millones posteriores para afrontar la crisis energética.
Otros países europeos gastaron cantidades similares durante la pandemia. Pero Macron tardó demasiado en retirar las ayudas. Casi 8.000 millones de euros se destinaron a descuentos en los carburantes, tanto para las rentas altas como para las bajas.
El resultado fue que Francia gastó, año tras año, mucho más de lo que ingresó. Esa diferencia, el déficit público, alcanzó el año pasado el 5,1 por ciento del producto interior bruto (PIB).
El PIB mide el valor de todo lo que produce un país en un año. Las normas europeas fijan un déficit máximo del 3 por ciento, y cada año que se supera ese límite la deuda sigue aumentando.
A finales del año pasado, la deuda pública francesa equivalía al 115,6 por ciento del PIB, casi el doble del límite europeo del 60 por ciento. Dentro de la UE, solo Grecia e Italia registran niveles superiores.
Las agencias de calificación crediticia, que evalúan la solvencia de los países, tomaron medidas. Fitch y S&P rebajaron la nota de Francia un escalón, hasta A+, en otoño de 2025.
Una calificación más baja encarece la financiación. El aumento de los intereses supone un gasto adicional para las arcas públicas y reduce los recursos disponibles para otras medidas.
La situación política también se bloqueó. Macron perdió la mayoría parlamentaria en 2022 y las elecciones anticipadas de 2024 dieron lugar a un Parlamento que forzó la salida de dos primeros ministros.
Para mantenerse en el cargo, el primer ministro Sébastien Lecornu suspendió el año pasado la reforma de las pensiones de Macron. Precisamente esa reforma debía ahorrar dinero al prolongar la vida laboral de los franceses.
Además, Lecornu prorrogó un impuesto extraordinario sobre las grandes empresas que se había previsto como una medida puntual. Con ello dejó atrás parte del plan económico de Macron: reducir la carga fiscal de las empresas.
Los posibles sucesores amenazan con desmantelar su legado
El ministro de Finanzas, Roland Lescure, debe conseguir que el Parlamento apruebe unos nuevos presupuestos en las próximas semanas. Entre sus propuestas figuran la congelación de los salarios de los funcionarios y de parte de las pensiones.
Pero ni siquiera un plan riguroso ofrece demasiadas garantías. Macron dejará el poder el próximo año y los favoritos para sucederle quieren revertir sus políticas.
Marine Le Pen, del partido de extrema derecha Agrupación Nacional (RN), quiere que los trabajadores puedan volver a jubilarse a partir de los 60 años. Su partido no da tregua al Gobierno.
El diputado de RN Jean-Philippe Tanguy reprochó la semana pasada a Lescure que era imposible hacerlo peor y le acusó de haber fracasado en todo y de haberlo arruinado todo.
Jean-Luc Mélenchon, de extrema izquierda, quiere cancelar o congelar parte de la deuda pública francesa en manos del banco central. Para los inversores, esto agrava la situación: quien amenaza con no devolver lo prestado tiene que ofrecer intereses aún más altos.
Lescure insiste en que las políticas de Macron han dado resultados, como un número récord de personas con empleo. Sigue confiando en que el juicio de la historia será favorable.
El ministro asegura estar convencido de que, cuando pase la agitación actual, dentro de uno, dos o quizá cinco años, la ciudadanía reconocerá cuánto ha cambiado Francia en la última década.
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