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Los cajeros de criptomonedas están desapareciendo a gran velocidad del paisaje urbano en Estados Unidos. Cada vez más estados están endureciendo la regulación para proteger a los consumidores frente a las estafas cometidas a través de estos quioscos. Algunos incluso han optado por prohibirlos por completo, lo que aumenta la incertidumbre sobre el futuro del sector.

El detonante ha sido el fuerte aumento de los casos de fraude en los que los delincuentes presionan a las víctimas, a menudo personas mayores, para que envíen dinero mediante cajeros de criptomonedas. Como las transacciones con criptoactivos son prácticamente irreversibles, en muchos casos las víctimas pierden su dinero de forma definitiva.

Los estados de EE. UU. endurecen el cerco a los cajeros de criptomonedas

Desde el miércoles están en vigor nuevas normas en los estados de Tennessee y Georgia. Tennessee ha adoptado la vía más dura y prohíbe tanto la instalación como el uso de cajeros y quioscos de criptomonedas. El gobernador Bill Lee firmó la ley a comienzos de este año.

Georgia no llega tan lejos, pero sí introduce restricciones importantes. Entre ellas figuran límites a las transacciones de usuarios nuevos y existentes. Además, los operadores deberán advertir activamente a los clientes sobre posibles estafas. En algunos casos, incluso estarán obligados a compensar económicamente a las víctimas de fraude.

Tennessee y Georgia no son casos aislados. Indiana ya aprobó una prohibición a principios de año. Minnesota vetará los cajeros de criptomonedas a partir del 1 de agosto. Delaware y Nueva Jersey también trabajan en normas similares.

Los cajeros de criptomonedas permiten convertir efectivo en, por ejemplo, Bitcoin (BTC), o realizar la operación inversa. Aunque estos quioscos nacieron para facilitar el acceso a las divisas digitales, las autoridades estadounidenses sostienen que cada vez son más utilizados por estafadores.

El fraude aumenta la presión sobre el sector

En la modalidad de fraude más habitual, los estafadores se hacen pasar por empleados bancarios, organismos públicos o agentes de policía. Convencen a las víctimas de que su dinero está en peligro y las envían a un cajero de criptomonedas para transferir el importe a una billetera digital.

Dado que las transacciones con criptomonedas son irreversibles, normalmente el dinero ya no puede recuperarse una vez ejecutada la operación.

El aumento de los casos de fraude está llevando a las autoridades a exigir cada vez más responsabilidad a los operadores en materia de protección del consumidor, supervisión de transacciones y prevención del fraude.

Los operadores también empiezan a notar las consecuencias

El endurecimiento regulatorio ya empieza a tener consecuencias financieras para los operadores. Bitcoin Depot, por ejemplo, solicitó en mayo protección por bancarrota bajo el Capítulo 11 de la ley concursal estadounidense. La compañía ya había advertido de una elevada incertidumbre por el entorno regulatorio más estricto y por varios procesos judiciales.

Según Roshan Dharia, consejero delegado de la consultora Echo Base y especialista en reestructuraciones empresariales, esto podría anticipar problemas más amplios dentro del sector.

Durante años, el modelo de negocio de los operadores se sostuvo en comisiones de transacción relativamente elevadas y una supervisión limitada. Ahora, las mayores exigencias en materia de lucha contra el fraude, controles y protección del consumidor están disparando los costes, mientras los márgenes se reducen.

Estados Unidos no es el único país que está endureciendo las normas. Canadá también estudia una prohibición nacional de los cajeros de criptomonedas. Según el Gobierno canadiense, estas máquinas desempeñan un papel relevante en las estafas y en el blanqueo de dinero de origen delictivo. La propuesta, no obstante, mantendría la posibilidad de comprar criptomonedas a través de casas de cambio físicas autorizadas.

Si cada vez más gobiernos siguen este camino, el futuro de los cajeros de criptomonedas en Norteamérica parece cada vez más incierto.

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