El gobierno estadounidense quiere abrir el enorme mercado de pensiones a las criptomonedas, pero influyentes demócratas se oponen a la inclusión de Bitcoin (BTC) y otros ‘activos excepcionalmente volátiles’ en los fondos de los trabajadores estadounidenses.
Los políticos alzan la voz
Los senadores Bernie Sanders y Elizabeth Warren, junto con el representante Bobby Scott, enviaron esta semana una carta al Departamento de Trabajo estadounidense. En ella solicitan al secretario interino Keith Sonderling que retire un plan propuesto.
Ese plan busca abrir la puerta a las criptomonedas, el capital privado y otras inversiones de alto riesgo en los llamados planes 401(k). Estos son esquemas de pensiones en EE.UU. a través del empleador, que permiten a los trabajadores ahorrar para el futuro con ventajas fiscales.
Según los políticos, la política expondría las cuentas de pensiones a «activos excepcionalmente volátiles, como las monedas digitales». Aseguran que, debido a la «falta de regulación y garantías», muchas criptomonedas son propensas al fraude.
Los planes surgen de un decreto firmado por el presidente Donald Trump en agosto de 2025, en el que instruyó a las agencias gubernamentales a «democratizar el acceso a activos alternativos».
En marzo, el ministerio presentó la propuesta. Esta revierte una estricta regla de 1974: actualmente, los gestores de pensiones deben demostrar de manera contundente que actúan con cuidado, pero en el futuro se asumirá esa diligencia de forma automática.
Según datos del Investment Company Institute, a finales de diciembre los planes 401(k) en EE.UU. albergaban cerca de 10,1 billones de dólares. Hay mucho en juego.
Temor a fraudes y conflictos de interés
La oposición de los senadores tiene una base factual. En 2025, el FBI registró más de 11 mil millones de dólares en pérdidas por fraudes criptográficos, una de las cifras más altas en todas las formas de ciberdelito.
Los demócratas también señalan a Trump. Su familia recaudó miles de millones con el proyecto cripto World Liberty Financial. Según los políticos, la nueva norma aumenta la probabilidad de que el presidente y su familia se beneficien a expensas de los contribuyentes, trabajadores y jubilados.
El ministerio defiende los planes. «Los días en que el ministerio elegía ganadores y perdedores han terminado», declaró Sonderling.
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