Ripple llegó a plantearse seriamente disolver la compañía durante el largo litigio con el regulador bursátil estadounidense, la SEC. En ese escenario, toda la reserva de XRP en manos de Ripple se habría repartido entre los accionistas. Así lo reveló su consejero delegado, Brad Garlinghouse, durante una conferencia en la University of Kansas School of Business.
Según Garlinghouse, disolver Ripple parecía entonces la salida más sencilla. La empresa se enfrentaba a un poderoso supervisor estadounidense con recursos prácticamente ilimitados, mientras que el desenlace del caso estaba lejos de estar claro. Aun así, él y el cofundador Chris Larsen decidieron dar la batalla.
Ripple estudió repartir sus XRP entre los accionistas
La SEC demandó a Ripple, Garlinghouse y Larsen a finales de 2020. Según el regulador, la empresa había vendido XRP durante años como un valor no registrado.
El proceso judicial colocó a Ripple ante una decisión de gran calado. La compañía podía embarcarse en una batalla legal larga y costosa, o poner fin a sus actividades y distribuir toda su reserva de XRP entre los accionistas de forma proporcional.
«Era el camino más fácil», afirmó Garlinghouse. Sin embargo, él y Larsen decidieron seguir adelante con la defensa. Según el consejero delegado, la disolución de Ripple habría costado cientos de empleos.
De acuerdo con Garlinghouse, Ripple pudo haber dejado de existir antes incluso de que el caso se examinara a fondo. Eso no solo habría supuesto el final de la empresa, sino que probablemente también habría tenido importantes consecuencias para el mercado cripto. Ripple todavía posee decenas de miles de millones de XRP. Si esos tokens se hubieran repartido de una sola vez entre los accionistas, podrían haber generado una fuerte incertidumbre y una posible presión vendedora.
La batalla legal costó a Ripple 150 millones de dólares
Según Garlinghouse, los años de litigio con la SEC costaron a Ripple unos 150 millones de dólares en gastos legales. El caso giraba en torno a si determinadas ventas de XRP estaban sujetas a la legislación estadounidense sobre valores.
El consejero delegado también explicó que entre 2017 y 2019 se reunió cuatro veces con empleados de la SEC sin acudir acompañado de un abogado. Según dijo, en ninguna de esas conversaciones el regulador dejó entrever que XRP pudiera considerarse un valor.
Para Garlinghouse, eso reforzó su impresión de que Ripple nunca había recibido directrices claras por parte de la SEC. Solo cuando el supervisor presentó la demanda a finales de 2020 quedó claro cómo valoraba jurídicamente las ventas de XRP.
En julio de 2023 llegó una resolución clave. La jueza Analisa Torres dictaminó que las ventas de XRP a través de plataformas públicas de criptomonedas no estaban sujetas a la legislación estadounidense sobre valores. En cambio, las ventas institucionales de XRP sí fueron calificadas por la jueza como ventas de valores no registrados.
Aunque Ripple recibió por ello una multa de 125 millones de dólares, la cifra quedó muy por debajo de los cerca de 2.000 millones de dólares que la SEC había reclamado inicialmente. El caso se convirtió en uno de los procedimientos judiciales más importantes de la historia del sector cripto.
La demanda contra Ripple terminó en 2025
Tras más de cuatro años, la batalla legal concluyó definitivamente en 2025. Ripple y la SEC retiraron sus recursos, por lo que la sentencia de la jueza Analisa Torres quedó firme. Eso implicó, entre otras cosas, que Ripple debía pagar la multa impuesta y que determinadas ventas institucionales de XRP seguían estando sujetas a la legislación estadounidense sobre valores.
El proceso tuvo durante años una gran influencia en el precio de XRP. El mercado reaccionó de inmediato a prácticamente cada novedad jurídica relevante. En particular, la decisión sobre las ventas a través de plataformas públicas de criptomonedas fue interpretada por los inversores como una victoria importante para Ripple y para el sector cripto en general.
Visto en retrospectiva, Garlinghouse está convencido de que Ripple tomó la decisión correcta. Si la empresa se hubiera disuelto entonces, Ripple habría desaparecido antes de que hubiera claridad sobre el estatus jurídico de XRP. Con ello, una de las demandas más influyentes de la historia del sector cripto probablemente nunca habría llegado a una resolución de fondo.
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