A partir del próximo año, las autoridades tributarias recibirán mucha más información sobre los inversores en criptomonedas. Las grandes plataformas de intercambio deberán comunicar datos de clientes y operaciones, y los países podrán compartir esa información entre sí. Aun así, seguirá existiendo una brecha significativa.

Según un nuevo estudio de Chainalysis, las criptomonedas guardadas en monederos propios y la actividad en DeFi son especialmente difíciles de registrar de forma automática. Para los inversores, la diferencia entre operar a través de una plataforma de criptomonedas y hacerlo directamente en la cadena de bloques será cada vez más relevante.

Las plataformas de criptomonedas compartirán cada vez más datos

El eje de este cambio es el Crypto-Asset Reporting Framework, conocido como CARF. Este sistema internacional de la OCDE busca dar a las autoridades tributarias mucha más visibilidad sobre la tenencia de criptoactivos y las transacciones.

El principio es similar al que ya se aplica desde hace tiempo en la banca. Las plataformas de criptomonedas y otros proveedores de servicios sujetos al CARF deberán recopilar datos sobre sus clientes y sus operaciones. Esa información podrá compartirse después con la administración tributaria del país en el que el usuario tenga obligaciones fiscales.

Para la mayoría de los países participantes, el intercambio internacional de estos datos comenzará en 2027.

Para quienes compran y venden Bitcoin (BTC) o Ethereum (ETH) a través de una gran plataforma centralizada, será por tanto más difícil quedar fuera del radar del fisco. Al fin y al cabo, la plataforma conoce la identidad de sus clientes y dispone de datos sobre su actividad de negociación.

Chainalysis subraya que precisamente esta parte del mercado cripto es relativamente fácil de supervisar. Una gran parte de la negociación se realiza dentro de plataformas centralizadas, que por lo general saben quiénes son sus clientes.

Los monederos propios y DeFi complican el seguimiento

La situación cambia cuando las criptomonedas salen de una plataforma y se envían a un monedero propio.

Desde ese monedero, un inversor puede, por ejemplo, operar en una plataforma DeFi, recibir recompensas por staking o enviar criptomonedas directamente a otra persona. En esos casos no siempre existe una plataforma centralizada que pueda recopilar y remitir todos los datos.

Ahí es precisamente donde Chainalysis detecta una brecha importante.

La compañía calcula que en 2025 se produjo en todo el mundo actividad potencialmente relevante a efectos fiscales por al menos 457.000 millones de dólares directamente en seis grandes cadenas de bloques. De esa cifra, solo el 14% quedaba dentro del alcance práctico del CARF.

Conviene interpretar esos 457.000 millones de dólares con cautela. No se trata de impuestos impagados. Chainalysis incluye, entre otros conceptos, ganancias realizadas, ingresos por minería, staking y préstamos, así como pagos con criptomonedas. Además, las normas fiscales pueden variar de un país a otro.

Quedar fuera del radar no significa estar exento de impuestos

Para los inversores en criptomonedas, la diferencia es importante.

Una transacción desde un monedero propio puede quedar fuera del intercambio automático de información del CARF, pero eso no significa que esté necesariamente oculta. Las cadenas de bloques públicas registran las transacciones de forma permanente.

Chainalysis señala además que las autoridades tributarias pueden utilizar análisis de blockchain para seguir flujos de dinero entre monederos e investigar actividades en plataformas extranjeras o descentralizadas.

Por eso, el principal problema para las administraciones tributarias no suele ser encontrar la transacción, sino reconstruir por completo la historia que hay detrás.

Supongamos que alguien compra Bitcoin en la plataforma A, lo envía a un monedero propio y años después lo vende en la plataforma B. La plataforma B puede comunicar la venta, pero quizá no sepa a qué precio se compró originalmente ese Bitcoin. Según Chainalysis, esto puede generar lagunas al calcular ganancias y pérdidas.

Las operaciones realizadas en el pasado tampoco pasarán automáticamente a estar cubiertas por el CARF. El sistema no se aplica con carácter retroactivo.

Para los inversores, la llegada del CARF significa sobre todo que las plataformas de criptomonedas dejarán de ser cada vez más un punto ciego para las autoridades tributarias. Los monederos propios y DeFi son más complejos, pero quedar fuera del intercambio automático de información tampoco implica, ni mucho menos, que las transacciones sean invisibles o estén libres de impuestos.

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