La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha demandado a 38 entidades que presuntamente se hicieron pasar por asesores de inversión fiables mediante información engañosa. Entre ellas figuran nombres llamativos como CryptoOrbit, Pinnacle Crypto Exchange y Web3 University.
Según la SEC, la maniobra fue bastante sofisticada. Al presentar información ante el supervisor, estas entidades aparecían en una base de datos oficial de Estados Unidos. Para los inversores, eso podía parecer una prueba de fiabilidad, aunque la SEC no había aprobado en absoluto a esas empresas.
La SEC detecta un patrón llamativo
La SEC presentó el 27 de agosto 38 demandas separadas. Las entidades habrían facilitado entre 2025 y 2026 información falsa o engañosa a través de documentos oficiales para asesores de inversión.
Durante la investigación empezó a aflorar un patrón. Varias empresas declaraban exactamente las mismas cifras de activos bajo gestión. También se repetían los mismos números de clientes y los mismos importes mínimos de inversión.
No fue lo único. Algunas empresas no estaban ubicadas en la dirección que habían facilitado. Los números de teléfono no funcionaban o pertenecían a otras compañías. Además, varias entidades afirmaban que auditores habían revisado sus cuentas, aunque los investigadores no pudieron encontrar a dos de esos auditores en los registros correspondientes.
Cuando la SEC pidió pruebas sobre los activos, los clientes y las actividades de las empresas, entre otros aspectos, esas pruebas no llegaron, según las demandas.
Entre las 38 entidades hay varios nombres que remiten claramente al sector cripto, como CryptoOrbit, Pinnacle Crypto Exchange y Web3 University. La SEC, no obstante, no afirma que todas las partes demandadas operaran realmente en el sector de las criptomonedas.
Aparecer en la SEC no era un sello de garantía
Para los inversores, el caso deja una advertencia importante. Las entidades podían aparecer en una base de datos pública de la SEC porque se presentaban como los llamados asesores declarantes exentos, o Exempt Reporting Advisers.
Se trata de asesores de inversión que, por una exención, no están obligados a registrarse plenamente ante la SEC. Aun así, deben aportar cierta información, lo que permite que su nombre acabe en una base de datos oficial.
Y precisamente eso es lo que se habría aprovechado de forma indebida.
Cuando alguien ve una empresa en una web del Gobierno estadounidense, puede pensar fácilmente que ha sido revisada y que es fiable. Pero una mención no significa que la SEC haya verificado todos los datos ni que haya aprobado a la compañía.
Algunas entidades incluso habrían colocado certificados falsos en sus propias páginas web para reforzar esa impresión. Según la SEC, en esos documentos se utilizaron datos reales de registro, lo que los hacía parecer más creíbles.
Para los inversores en criptomonedas, la diferencia es clave. Una empresa puede exhibir un número de registro o una mención ante un supervisor sin que eso implique que el regulador la haya revisado realmente.
El FBI colabora en la investigación
Por ahora no está claro cuál podría ser el alcance de los daños. La SEC no ha comunicado cuántas personas llegaron a transferir dinero ni cuántos inversores podrían haber resultado perjudicados.
Sí hay indicios de que parte de las actividades se desarrolló desde el extranjero. Varias direcciones IP utilizadas para presentar documentos ante la SEC pudieron vincularse a ubicaciones fuera de Estados Unidos. No se ha informado de qué países se trata.
La SEC pide al juez que imponga multas y prohibiciones permanentes. También solicita que las partes implicadas queden excluidas del sistema mediante el que se presentaron esos documentos. Además, sus informes serán retirados de la base de datos pública.
El FBI también colaboró en la investigación. A través de la Operation Level Up, el organismo intenta localizar y avisar a posibles víctimas de fraudes de inversión.
Aún no se ha determinado si las 38 entidades infringieron efectivamente la ley. La SEC las ha demandado, pero será finalmente el juez quien decida.
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