Una parte importante de la Clarity Act de Estados Unidos está bajo escrutinio. Una organización dedicada a combatir la trata de personas advierte de que la propuesta de ley podría dificultar que los desarrolladores de software cripto respondan legalmente cuando su tecnología se utilice para la trata u otros delitos financieros. Los defensores de la norma rechazan esas preocupaciones y sostienen que el texto solo aclara la regulación vigente.
La Clarity Act genera dudas
Las críticas se centran en la sección 604 de la Clarity Act. Esta establece que los desarrolladores que no tienen control sobre los fondos de los usuarios no se consideran proveedores de servicios financieros.
Según Katie Boller Gosewisch, directora de Alliance to End Human Trafficking, esa redacción puede tener consecuencias no deseadas. Teme que los desarrolladores de determinadas plataformas cripto puedan invocar en el futuro esta disposición si su software se utiliza para procesar pagos vinculados a la trata de personas u otras actividades ilegales.
Para trasladar esas inquietudes, Alliance to End Human Trafficking y Catholic Charities enviaron una carta conjunta a los líderes del Senado estadounidense. En ella instan a los legisladores a modificar el texto de la Clarity Act para evitar futuras zonas grises jurídicas.
Los defensores sostienen que la ley no cambia las reglas actuales
Los partidarios de la Clarity Act rechazan las críticas. A su juicio, la sección 604 no crea una nueva protección jurídica para los desarrolladores de software cripto.
El excomisionado fiscal Charles Rettig afirma que la disposición se ajusta precisamente a la legislación estadounidense vigente contra el blanqueo de capitales. Con las normas actuales, los desarrolladores que no tienen acceso a los fondos de los usuarios ya no se consideran proveedores de servicios financieros. La Clarity Act se limitaría a dejar esa situación de forma más explícita.
Según Rettig, las entidades que sí controlan fondos de usuarios siguen siendo plenamente responsables. Además, los desarrolladores que apoyen de forma consciente actividades delictivas pueden seguir siendo procesados al amparo de la legislación vigente contra el blanqueo de capitales y otros delitos financieros.
El debate gira en torno a los riesgos futuros para el sector cripto
La discusión ya va más allá de la legislación actual. Los detractores temen que los delincuentes puedan utilizar en el futuro el texto de la sección 604 para sembrar dudas en procesos penales.
Boller Gosewisch subraya que la nueva regulación no solo debe ajustarse a la práctica actual, sino también resistir futuras formas de abuso. Para ilustrarlo, compara la situación con los hoteles. Aunque un hotel no es directamente responsable de los actos de sus huéspedes, en determinadas circunstancias puede tener un deber de diligencia. En su opinión, una responsabilidad similar podría aplicarse también a los desarrolladores de tecnología.
La cadena de bloques también puede ayudar en las investigaciones
Pese a sus diferencias, ambas partes coinciden en un punto: la lucha contra la trata de personas debe reforzarse.
Boller Gosewisch defiende, entre otras medidas, el regreso de un coordinador federal encargado de dirigir la estrategia contra la trata de personas. También quiere que se persigan con mayor frecuencia los delitos financieros relacionados con este fenómeno.
Rettig, por su parte, destaca las ventajas de la tecnología blockchain. Dado que las transacciones en cadenas de bloques públicas quedan visibles de forma permanente, las fuerzas de seguridad pueden seguir los flujos de dinero y analizar operaciones sospechosas. Según él, eso convierte a la blockchain en una herramienta potente en la lucha contra la delincuencia financiera.
La tramitación de la Clarity Act aún no ha concluido. Al mismo tiempo, en Estados Unidos siguen abiertos varios procesos judiciales sobre la responsabilidad de los desarrolladores de plataformas cripto descentralizadas. El resultado final puede tener importantes consecuencias para la forma en que el Gobierno estadounidense combine la innovación en el sector cripto con la supervisión y el cumplimiento normativo.
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