La IA entra en campaña en EE UU: crece el rechazo a los centros de datos

La IA ya no es solo un asunto de Silicon Valley. Según Quartz, la inteligencia artificial ya desempeña un papel visible en las elecciones legislativas de mitad de mandato de 2026 en Estados Unidos. Más de 30 candidatos han firmado un nuevo compromiso sobre IA en el que defienden poner límites al auge del sector.

Hasta hace poco, el debate giraba sobre todo en torno a la innovación, la productividad y las cotizaciones bursátiles. Ahora se desplaza hacia los centros de datos, el empleo, el consumo energético y la cuestión de quién debe responder cuando la IA cause daños.

La política se vuelve contra los centros de datos

El AI Pact, lanzado por el Political Integrity Project, pide a los candidatos cinco compromisos: no conceder más ventajas fiscales ni acuerdos especiales a los centros de datos; imponer revisiones de seguridad obligatorias a los modelos de IA más potentes; destinar a los trabajadores una parte de las ganancias económicas generadas por la IA; permitir que las empresas de IA puedan ser consideradas responsables legalmente por los daños que causen; y evitar rescates públicos a compañías de IA que asuman riesgos irresponsables.

Los centros de datos, en particular, se han convertido en un asunto políticamente explosivo. Según Gallup, el 70% de los estadounidenses se opone a la construcción de un centro de datos en su entorno. Otro sondeo muestra que el 63% de los votantes respalda una pausa de al menos un año en nuevas construcciones.

Así, la IA se ha convertido de golpe en un tema electoral local. No en términos abstractos, sino muy concretos: precios de la electricidad, consumo de agua, ruido, acuerdos fiscales y presión sobre la red eléctrica.

La presión alcanza a la izquierda y a la derecha

Llama la atención que hayan sido sobre todo demócratas y algunos candidatos independientes quienes han firmado el AI Pact. Por ahora no figuran republicanos. Pero eso no significa que el Partido Republicano sea inmune a la presión política de fondo.

También en Texas, donde el gobernador Greg Abbott trata precisamente de atraer inversiones en IA de forma agresiva, se congeló temporalmente parte de las aprobaciones para proyectos de centros de datos. Los reguladores deben evaluar primero su impacto sobre la red eléctrica.

En Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul llegó incluso a proponer una moratoria temporal para nuevos centros de datos de hiperescala. La oposición a la infraestructura de IA, por tanto, va más allá de un solo partido.

¿Quién paga el rápido crecimiento de la IA?

La pregunta clave es cada vez más evidente: ¿quién asume el coste del rápido crecimiento de la IA? Las tecnológicas necesitan enormes cantidades de electricidad y nuevos centros de datos. Al mismo tiempo, se benefician de incentivos fiscales y presionan para que los permisos se concedan con rapidez.

Frente a ello, los hogares no quieren asumir facturas energéticas más altas ni una mayor presión sobre los servicios e infraestructuras locales. A medida que el sector de la IA sigue creciendo, esa tensión se vuelve cada vez más visible.

El empleo también ocupa un lugar central en el debate político. La IA puede hacer que las empresas sean más productivas y rentables, pero también puede sustituir puestos de trabajo. Por eso, los políticos buscan fórmulas para que los trabajadores participen en los beneficios económicos. Entre las propuestas figuran un dividendo de la IA, un impuesto a los robots y fondos públicos con participaciones en empresas de inteligencia artificial.