La gran ley cripto suma 100 cambios, pero deja abiertos los puntos más sensibles

La batalla por la CLARITY Act estadounidense se acerca a un momento decisivo. Los republicanos del Senado han publicado una nueva versión de la amplia ley sobre criptoactivos, con más de un centenar de cambios incorporados en parte a petición de los demócratas.

Sin embargo, dos de los principales puntos de fricción apenas cambian: las normas éticas que afectan a los políticos y las reglas sobre la rentabilidad de las stablecoins.

Nuevas normas para la ‘falsa DeFi’

Que estas dos normas éticas se mantengan prácticamente intactas resulta llamativo, porque son precisamente estos asuntos los que han bloqueado un acuerdo en los últimos meses. El 15 de septiembre habrá una votación procedimental que determinará si el Senado sigue adelante con el proyecto de ley. Para ello se necesitan 60 votos, mientras que los republicanos cuentan con 53.

Uno de los cambios relevantes afecta a las plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi). El nuevo texto se centra en los protocolos de negociación que se presentan como descentralizados, pero que en la práctica aún pueden ser controlados o modificados por una persona o un grupo.

Con las nuevas normas, estas plataformas tendrían que registrarse ante la Commodity Futures Trading Commission. Además, las disposiciones sobre la DeFi auténtica quedan delimitadas de forma más explícita a las operaciones al contado y en efectivo.

La senadora Cynthia Lummis afirma que el texto revisado incluye más de un centenar de cambios solicitados anteriormente por los demócratas. Entre ellos figuran financiación adicional para la CFTC, normas más estrictas contra los defraudadores y nuevos requisitos para determinadas plataformas cripto.

Los intereses cripto de los políticos siguen siendo un gran obstáculo

Las normas éticas, en cambio, apenas han variado. El texto actual prohíbe a cargos públicos, empleados de la Administración y sus cónyuges emitir o patrocinar activos digitales mientras ocupen el cargo. No obstante, invertir en criptoactivos sigue estando permitido y las restricciones no se extienden automáticamente a los hijos de los políticos.

Los demócratas reclaman normas más estrictas que afecten de forma más directa a los intereses cripto del presidente Donald Trump y de su familia. Actualmente, ningún demócrata apoya la nueva versión.

También persiste el conflicto en torno a la rentabilidad de las stablecoins. Los bancos temen que las plataformas cripto atraigan depósitos si se les permite ofrecer intereses u otras recompensas sobre stablecoins. El sector cripto, por el contrario, quiere conservar esa posibilidad.

Así, el 15 de septiembre vuelve a perfilarse como el verdadero punto de ruptura. El consejero delegado de Coinbase, Brian Armstrong, dijo anteriormente que el sector obtendrá más claridad incluso si la votación fracasa, porque, según él, la SEC y la CFTC están preparadas para desplegar sus propias normas.

Pero para una gran ley federal sobre criptoactivos, esta podría ser la oportunidad más importante del año. El nuevo texto es más extenso y ha sido modificado en decenas de puntos, aunque las cuestiones políticamente más sensibles siguen sobre la mesa.