Un grupo de diecisiete fiscales generales de Estados Unidos ha pedido al Congreso que vote en contra de la CLARITY Act. A su juicio, esta importante ley sobre criptoactivos podría dificultar la protección de los inversores frente al fraude.
La advertencia llega en un momento decisivo. El martes, el Senado de Estados Unidos celebrará una votación procedimental clave sobre la norma. Los republicanos presentaron el domingo una versión revisada de más de 600 páginas para intentar reunir los apoyos necesarios.
La CLARITY Act busca aclarar por fin qué normas se aplican a los criptoactivos en Estados Unidos y qué supervisor es responsable de cada ámbito. Precisamente ese nuevo reparto de competencias ha provocado ahora la oposición de varios estados.
Diecisiete fiscales generales se oponen a la CLARITY Act
La carta está encabezada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James. También se han sumado sus homólogos de estados como California, Illinois, Arizona, Kansas, Ohio y Wisconsin.
Según James, la versión actual de la ley podría limitar las competencias de los estados para combatir el fraude con criptoactivos.
“Tal como está redactada ahora la CLARITY Act, podría dar más margen a los defraudadores y privar a los fiscales generales de la capacidad de proteger a los inversores y su dinero”, afirmó James.
El grupo alerta, entre otras cuestiones, del papel que asumiría la Securities and Exchange Commission (SEC). Según los fiscales generales, el supervisor podría recibir competencias capaces de dejar sin efecto las normas de registro vigentes en cada estado.
Temen que el impacto vaya más allá de los criptoactivos y acabe afectando también a la supervisión más amplia de los valores en Estados Unidos.
La ley cripto fue modificada justo antes de la votación
La advertencia llega poco después de que los republicanos presentaran una nueva versión de la CLARITY Act. El texto incorpora varias demandas de los demócratas.
Ese punto es clave, ya que hacen falta sesenta votos para que el proyecto supere el martes esta fase procedimental.
Uno de los principales puntos de debate gira en torno a posibles conflictos de intereses de políticos estadounidenses. El asunto es especialmente sensible por los importantes intereses de Donald Trump en el sector cripto, incluida su implicación en World Liberty Financial y en la memecoin Official Trump.
En la versión más reciente, los fiscales generales de los estados estadounidenses tendrían un papel en la aplicación de las normas sobre conflictos de intereses de los cargos públicos. En versiones anteriores, esa responsabilidad recaía principalmente en el Departamento de Justicia federal.
También se han introducido cambios en materia de stablecoins. El secretario del Tesoro de Estados Unidos podría limitar temporalmente, durante un máximo de dieciocho meses, las recompensas asociadas a las stablecoins si estas monedas provocan una salida significativa de depósitos de ahorro en bancos más pequeños.
Además, se han ajustado normas relativas a los desarrolladores de software, la negociación por parte de entidades vinculadas y la aplicación de la protección al consumidor a nivel estatal.
Los detractores consideran insuficientes los cambios
Para James y los demás fiscales generales, esas modificaciones no van lo bastante lejos. Temen que el texto siga sin aclarar cuándo las normas federales prevalecen sobre las leyes de cada estado.
Según ellos, esa falta de claridad podría provocar futuros conflictos judiciales y dificultar que empresas y defraudadores rindan cuentas.
James ya había advertido anteriormente de esos mismos problemas. Entonces pidió al Congreso que protegiera mejor las competencias de los estados y añadiera normas más estrictas contra el blanqueo de capitales y los conflictos de intereses.
El calendario hace que la oposición cobre aún más relevancia. El Senado no votará el martes de forma definitiva la CLARITY Act. Se trata de una votación procedimental que determinará si el proyecto de ley puede seguir tramitándose.
Para ello se necesitan sesenta votos. Las modificaciones del pasado fin de semana buscaban precisamente atraer a suficientes senadores demócratas. La oposición de diecisiete fiscales generales eleva así, en el último momento, la presión política en torno a una de las leyes cripto más importantes de Estados Unidos en la actualidad.
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