Donald Trump ordenó en junio más de mil operaciones bursátiles —desde compañías de tarjetas de crédito hasta la mayor plataforma de criptomonedas del país— mientras, como presidente de Estados Unidos, impulsa políticas que afectan a esas mismas empresas. En muchos países occidentales, algo así estaría prohibido para un jefe de Gobierno; Washington, en cambio, no considera necesarias normas más estrictas.
Sale Vanguard, entra Coinbase
La declaración publicada el sábado por la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos recoge órdenes por un valor conjunto de entre 78,1 y 263,1 millones de dólares. No figuran importes exactos, ya que el supervisor utiliza rangos por operación.
La operación más destacada fue una venta realizada el 22 de junio: entre 5 y 25 millones de dólares en participaciones de un ETF de Vanguard Group. Un fondo cotizado de este tipo es una cesta de acciones negociada en bolsa que replica un índice.
En el lado de las compras aparecieron Berkshire Hathaway, Visa, Mastercard y Cintas, empresa de alquiler de uniformes de trabajo. También figuró la plataforma de criptomonedas Coinbase, precisamente cuando la Administración Trump trabaja en una regulación más flexible para el sector cripto.
Junio tuvo 21 sesiones bursátiles. Mil órdenes equivalen, por tanto, a unas cincuenta operaciones al día.
El ritmo se aceleró en torno a momentos políticos relevantes. Trump compró y vendió en varias ocasiones acciones de Palantir, proveedor de datos del Ejército y de los servicios de seguridad de Estados Unidos. También se realizaron compras adicionales tras el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.
Operaciones bursátiles sin fideicomiso ciego
La Casa Blanca niega que exista conflicto de intereses y sostiene que las inversiones se gestionan de forma independiente. Eric Trump, hijo del presidente y directivo de la Trump Organization, habló anteriormente de un fideicomiso ciego.
Pero el término no se ajusta a la realidad. El patrimonio está en un fideicomiso revocable, del que el presidente puede retirar dinero en cualquier momento y del que sigue siendo beneficiario.
En un verdadero fideicomiso ciego, el propietario no sabe qué se compra ni qué se vende.
Trump fue escueto a comienzos de este verano, cuando explicó su declaración anual de 2025. “Conscientemente, nunca hablo con las personas que gestionan el dinero, pero están en grandes instituciones e invierten en lo que invierten”, dijo el presidente.
“¿Sabes por qué gano dinero? Porque la bolsa sube”. Ese año ordenó más de 21.000 operaciones, por un valor de entre 600 millones y 1,86 billones de dólares.
Las criptomonedas fueron su principal fuente de ingresos, con 1.400 millones de dólares, algo que ahora supone un obstáculo para la CLARITY Act, que lleva tiempo en el Senado.
La comunicación es obligatoria. La STOCK Act de 2012 exige que el presidente haga públicas, en un plazo de 45 días, las operaciones superiores a 1.000 dólares.
¿Qué ocurre en otros países?
En Países Bajos rigen normas más estrictas. Los miembros del Gobierno deben vender sus acciones o ceder por completo la gestión, de modo que no tengan visibilidad sobre operaciones concretas.
Francia, España y Canadá también imponen más límites a la gestión. Los ministros franceses no pueden tener capacidad de decisión sobre operaciones individuales, mientras que los cargos gubernamentales españoles y canadienses deben, bajo determinadas condiciones, poner sus inversiones en manos de un gestor independiente.
Alemania es más flexible. Los ministros federales no están obligados por sistema a hacer pública su cartera de acciones y no existe una obligación general de comunicar operaciones bursátiles individuales.
Estados Unidos se apoya sobre todo en la transparencia a posteriori. Quien presenta un informe de operaciones más de treinta días después del plazo se expone, en principio, a una multa de apenas 200 dólares.
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