Francia afronta una situación de gran tensión. Tras un fin de semana de disturbios y saqueos, las autoridades intentan restablecer la calma con toques de queda y prohibiciones de manifestaciones. Al mismo tiempo, crece la preocupación en los mercados financieros.

El Gobierno francés lidia con el aumento del coste de la deuda, un elevado déficit público y un controvertido plan de recortes. Los inversores temen que la inestabilidad política dificulte cada vez más el saneamiento de las cuentas públicas.

Francia toma medidas tras los graves disturbios

Varias ciudades francesas han adoptado medidas de gran alcance para evitar nuevos disturbios. En algunas zonas de París, Lyon, Niza y Lille se impusieron anoche toques de queda. En el centro de París, residentes y trabajadores no podían salir a la calle a partir de las 23.00 horas, mientras que en algunas zonas de Lille la restricción entró en vigor a las 20.00 horas.

Las medidas se adoptaron tras un fin de semana de violencia, con saqueos de comercios y daños en edificios. Según las informaciones publicadas, unas 3.000 empresas y comercios han sufrido daños. Las pérdidas materiales ascienden a decenas de millones de euros. Aunque la pasada noche transcurrió con relativa calma, la situación sigue siendo tensa.

Niek Pas, historiador especializado en Francia de la Universidad de Ámsterdam, considera que los toques de queda son una medida drástica, según declaró a BNR. A su juicio, las restricciones parecen estar funcionando por ahora, aunque no está claro durante cuánto tiempo. El primer ministro, Sébastien Lecornu, tampoco ha descartado declarar el estado de emergencia en todo el país si persiste la violencia.

Los próximos días podrían traer nuevos problemas. Hay previstos más de 120 bloqueos y manifestaciones en toda Francia. También se esperan grandes movilizaciones en Marsella. Las autoridades han anunciado un refuerzo del despliegue policial para evitar una nueva escalada.

El repunte del coste de la deuda inquieta a los inversores

La tensión social llega en un momento especialmente delicado para la economía francesa. El Gobierno intenta reducir el déficit público con un paquete de recortes de unos 54.000 millones de euros. El objetivo es que el déficit pase del 5,4 por ciento del producto interior bruto en 2026 al cinco por ciento en 2027.

Sin embargo, no está claro que el Gobierno vaya a conseguir el respaldo político necesario. El Parlamento está muy dividido y se ha aplazado una votación sobre la parte de ingresos de los presupuestos. Esto alimenta las dudas de los inversores sobre la viabilidad de los planes.

La incertidumbre también se refleja en el mercado de deuda. La rentabilidad de los bonos soberanos franceses está subiendo, lo que encarece la financiación del Estado. Según BNR, el rendimiento de la deuda a diez años se acerca al cinco por ciento. También ha aumentado el diferencial respecto a los bonos alemanes, una señal de que los inversores perciben un mayor riesgo.

Los problemas financieros podrían agravarse

El Gobierno francés se encuentra así en una posición complicada. Los recortes buscan sanear las cuentas públicas, pero al mismo tiempo pueden agravar el descontento social. Esto dificulta la búsqueda de acuerdos políticos.

Las agencias de calificación también siguen de cerca la evolución de la situación. Moody’s revisará esta semana la calificación crediticia de Francia, mientras que Morningstar DBRS ya había advertido de que la división política podría elevar aún más los costes de financiación.

Los inversores estarán especialmente atentos a las próximas negociaciones presupuestarias y a las protestas convocadas. Si persiste el bloqueo político y sigue aumentando el coste de la deuda, las consecuencias podrían afectar no solo a los bonos soberanos franceses, sino también presionar a la bolsa europea y al euro.

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