La ley cripto de EE. UU. queda en el aire mientras los reguladores toman la iniciativa

La ley estadounidense sobre criptomonedas seguirá guardada en un cajón más tiempo del que esperaba el sector. La votación en el Senado se aplazó la semana pasada hasta septiembre.

Pero los dos grandes reguladores no quieren seguir esperando. Pretenden aportar por su cuenta la claridad que el mercado lleva años reclamando, aunque esa vía también tiene sus riesgos.

Los reguladores preparan sus propias normas

La Digital Asset Market Clarity Act, conocida como Clarity Act, dotaría por primera vez al mercado cripto de un marco federal. La norma establece cuándo una moneda queda sujeta a la legislación sobre valores y cuándo no.

Esa distinción afecta prácticamente a todo el sector. Determina qué regulador tiene autoridad sobre un token, qué normas debe cumplir una plataforma de negociación y qué margen tienen los desarrolladores.

Sin una ley, el mercado seguirá atrapado en una zona gris jurídica. Eso mantiene sobre todo a los grandes inversores institucionales al margen, porque no pueden comprometerse con unas reglas que podrían cambiar de nuevo el año que viene.

Por eso, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha decidido actuar por su cuenta. El supervisor bursátil se reunirá el viernes para debatir un régimen específico de emisión para determinados contratos cripto, en lugar de aplicarles las normas de valores que se usan actualmente.

Ese día podría ponerse sobre la mesa algo aún más relevante. Según Bloomberg , la SEC trabaja en una exención que permitiría la negociación de acciones tokenizadas.

Una acción tokenizada es una copia digital de una acción real, emitida en una blockchain. Detrás de cada token hay una acción depositada en un custodio, pero el comprador no se convierte por ello en accionista.

En los productos existentes, todo gira en torno al precio. El dividendo suele trasladarse al inversor, pero no el derecho de voto, ya que el custodio mantiene las acciones a su nombre.

La principal ventaja está en los horarios de negociación. La bolsa estadounidense cierra a las 22:00, hora peninsular española, y permanece cerrada durante el fin de semana, mientras que una blockchain sigue funcionando sin interrupción.

La exención es necesaria porque la normativa de valores no contempla esta estructura. De lo contrario, una plataforma que negocie estos tokens chocaría con requisitos pensados para bolsas y brókeres tradicionales.

El plan estaba paralizado desde mayo. Las compañías cotizadas temían que terceros pudieran emitir un token sobre sus acciones sin que ellas tuvieran capacidad de decisión.

Esa objeción habría quedado ahora resuelta. Previsiblemente, una empresa tendrá derecho a rechazar que un tercero liste un producto de este tipo sobre sus acciones.

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) también sigue adelante. Su presidente, Michael Selig, quiere redactar normas llegue o no la Clarity Act, con el objetivo de cerrarlas antes del final del actual mandato.

El tiempo se agota en Washington

El Senado retomará su actividad el 14 de septiembre y votará un día después si la propuesta puede siquiera iniciar su tramitación. Después quedarán 36 días de sesión este año, de los cuales catorce serán antes del receso de octubre. En las semanas posteriores, la atención se desplazará hacia las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

El principal escollo es el apartado sobre ética. Los demócratas quieren dejar establecido que los políticos y sus parejas no puedan emitir monedas digitales, después de que el presidente Donald Trump declarara en 2025 unos 1.400 millones de dólares en ingresos procedentes de criptomonedas.

La firma de análisis TD Cowen estima en un 25% la probabilidad de que la ley salga adelante en los próximos meses. Según su director general, Jaret Seiberg, la propuesta no está muerta, pero su aprobación se ha vuelto bastante más difícil.

Precisamente por eso, el trabajo de los reguladores sigue siendo vulnerable. El analista de Jefferies Andrew Moss advierte de que unas directrices no sustituyen a una ley, porque una futura Administración podría revertirlas con facilidad.