Francia quiere endurecer considerablemente la fiscalidad de las inversiones en criptomonedas. Una nueva propuesta podría obligar a los inversores a tributar también cuando cambien sus criptomonedas por monedas estables a partir de 2027.
Además, se plantea un impuesto de salida para quienes poseen grandes patrimonios en criptomonedas. Estas iniciativas se enmarcan en una tendencia europea hacia un mayor control fiscal de las ganancias obtenidas con estos activos.
Francia quiere gravar también los cambios a monedas estables
Los inversores franceses en criptomonedas podrían tener más dificultades para asegurar sus ganancias. La propuesta contempla que los cambios de criptomonedas por monedas estables puedan quedar sujetos a tributación a partir de 2027.
Se trata de un cambio importante. Las monedas estables son activos digitales cuyo valor suele estar vinculado a una divisa tradicional, como el dólar estadounidense. Entre las más conocidas figuran Tether (USDT) y USD Coin (USDC).
Los inversores suelen utilizar estas monedas para reducir temporalmente su exposición a la volatilidad del mercado de criptomonedas sin tener que transferir el dinero a una cuenta bancaria. Quien vende, por ejemplo, Bitcoin (BTC) a cambio de USDT mantiene sus fondos dentro del mercado de criptoactivos.
Precisamente esta práctica podría tener consecuencias fiscales con los planes de Francia. Si el cambio a una moneda estable se considera un hecho imponible, los inversores podrían tener que tributar por las ganancias realizadas, aunque no conviertan sus fondos a euros.
Esto podría afectar a las estrategias de inversión. Quienes alternan con frecuencia entre criptomonedas y monedas estables podrían tener que cumplir obligaciones tributarias más a menudo.
Por ahora, se trata de una propuesta. Las normas definitivas dependerán de cómo avance su tramitación.
Un impuesto de salida para los grandes patrimonios en criptomonedas
Francia también estudia un impuesto de salida para las personas con un elevado patrimonio en criptomonedas. La propuesta se dirige a inversores que poseen más de 800.000 euros en activos digitales y trasladan su residencia al extranjero.
El objetivo es evitar que los grandes inversores abandonen Francia para eludir la tributación de las plusvalías acumuladas en criptomonedas.
La medida podría afectar especialmente a quienes han acumulado buena parte de su patrimonio en Bitcoin, Ethereum (ETH) u otras criptomonedas. Al trasladar su residencia, podrían tener que afrontar una liquidación fiscal incluso si todavía no han vendido sus activos digitales.
Al mismo tiempo, se debate una ampliación del régimen de compensación de pérdidas. Los inversores en criptomonedas podrían disponer de hasta diez años para compensarlas con ganancias futuras.
Esto podría beneficiar a quienes sufren pérdidas importantes en un mal año de mercado y no vuelven a obtener ganancias hasta varios años después. La aprobación de este régimen también dependerá de la decisión final.
Grecia y la Unión Europea también endurecen las normas
Francia no es el único país que prepara cambios. Grecia también trabaja en unas normas fiscales más claras para los inversores en criptomonedas.
Allí se debate un impuesto del diez por ciento sobre las ganancias realizadas con criptomonedas. La propuesta contempla una exención de 500 euros.
Esto podría reducir los casos en los que los pequeños inversores tengan que tributar, mientras que las ganancias de mayor cuantía sí quedarían sujetas al impuesto. El alcance concreto dependerá de la redacción definitiva de la norma.
Mientras tanto, también cambia la supervisión europea de las operaciones con criptomonedas. Desde enero de 2026, la Unión Europea aplica nuevas obligaciones de información en virtud de la directiva DAC8.
Estas normas obligan a los proveedores de servicios de criptoactivos a recopilar determinados datos sobre sus clientes y operaciones y a comunicarlos a las autoridades tributarias. El objetivo es que los países europeos dispongan de más información sobre los patrimonios en criptomonedas y las operaciones sujetas a tributación.
Para los inversores de Países Bajos y Bélgica, esto no implica que los planes fiscales franceses vayan a aplicarse también en sus países. La fiscalidad sigue siendo, en gran medida, una competencia nacional.
No obstante, DAC8 hace más difícil mantener las operaciones con criptomonedas fuera del alcance de las autoridades tributarias. Esto también afecta a los inversores que utilizan plataformas extranjeras.
La combinación de iniciativas fiscales nacionales y del intercambio de información europeo muestra que las inversiones en criptomonedas están cada vez más sujetas a los mismos controles tributarios que las inversiones tradicionales.
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