XRP sufrió ayer un golpe mucho más duro que Bitcoin (BTC) después de que el Senado de Estados Unidos no lograra sacar adelante la ley CLARITY. La moneda llegó a perder alrededor de un 12% en su punto más bajo, mientras que Bitcoin (BTC) cayó cerca de un 5%.
La diferencia no es casual. La ley CLARITY pretendía establecer un marco nacional claro sobre el estatus jurídico y la negociación de los criptoactivos. Para XRP, se trata de un asunto especialmente sensible, ya que la moneda estuvo durante años en el centro de posiblemente el caso judicial más importante sobre criptomonedas en Estados Unidos.

XRP ya cuenta con una importante victoria judicial
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) demandó a Ripple a finales de 2020 al considerar que la empresa había vendido XRP durante años como un valor no registrado.
En 2023 llegó finalmente una sentencia clave. La jueza determinó que las ventas de XRP a través de plataformas públicas de criptomonedas no constituían ventas de valores. En cambio, las ventas directas de Ripple a inversores institucionales sí quedaban sujetas, según el tribunal, a la legislación sobre valores.
Ese matiz es importante. El caso no giraba, por tanto, en torno a la conclusión de que cada token XRP fuera automáticamente un valor, sino a la forma en que Ripple vendió la moneda en determinadas circunstancias.
En 2024, Ripple recibió una multa de 125 millones de dólares por las ventas institucionales. En agosto del año pasado, tanto Ripple como la SEC retiraron sus recursos, por lo que las resoluciones existentes quedaron firmes.
El abogado de Ripple, Stuart Alderoty, subrayó tras el fracaso de la votación sobre CLARITY que esa base jurídica no ha desaparecido. Según él, la sentencia de 2023 y los posteriores avances regulatorios sitúan a XRP en un terreno mucho más claro que antes del proceso judicial.
¿Por qué reacciona entonces XRP con tanta fuerza?
La ley CLARITY podría haber consagrado esa claridad de forma mucho más amplia en la legislación nacional. Con ello, el sector cripto dependería menos de demandas aisladas y de interpretaciones de los supervisores.
El Senado votó ayer por 49 votos a favor y 50 en contra de iniciar su tramitación. Hacían falta sesenta votos. Las normas sobre los intereses en criptomonedas de los políticos y sus familiares siguieron siendo el principal escollo.
El proyecto de ley aún no está definitivamente muerto. El republicano Thom Tillis votó tácticamente en contra, lo que mantiene abierta la posibilidad de una nueva votación si ambos partidos alcanzan finalmente un compromiso. Si no ocurre antes del final de esta legislatura, es probable que todo el procedimiento tenga que empezar de nuevo en enero.
Para XRP, esto genera una situación llamativa. Tras años de litigios, la moneda ya cuenta con más claridad jurídica que muchas otras altcoins, pero precisamente porque la regulación es tan importante para su futuro institucional, su precio reacciona con especial dureza cuando Washington vuelve a quedar bloqueado.
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