El sector cripto gastó 8 millones de dólares en presionar por la Ley Clarity, que no logró aprobarse

El sector de las criptomonedas de Estados Unidos destinó casi 8 millones de dólares en el primer semestre de 2026 a actividades de presión política relacionadas con la ley Clarity. La norma pretendía establecer por fin un marco regulatorio claro para el mercado estadounidense de criptomonedas, pero no logró el respaldo necesario en el Senado en septiembre.

Coinbase fue una de las empresas que más fondos aportaron. Kraken, Digital Currency Group, Jump Crypto y Paradigm también contrataron a grupos de presión para defender sus intereses en la tramitación de la ley.

El sector cripto destinó más de 13 millones de dólares a presión política

Un análisis de los registros federales de actividades de presión realizado por CoinDesk revela que las empresas y asociaciones del sector de las criptomonedas destinaron en conjunto más de 13 millones de dólares a estas actividades en los seis primeros meses del año. De ese total, unos 8 millones figuraban en los registros como vinculados a las negociaciones sobre nuevas normas para el mercado de criptomonedas.

De esa cantidad, unos 2,4 millones de dólares se destinaron a firmas externas especializadas en presión política. Otros 2,1 millones se dedicaron a profesionales que trabajan directamente para las asociaciones del sector. El resto correspondió a los equipos propios de las empresas de criptomonedas.

Estas actividades no se limitaron a las conversaciones sobre la ley Clarity. El sector también trató de influir en Washington en cuestiones como la fiscalidad de las criptomonedas, la minería, las normas contra el blanqueo de capitales y el desarrollo de otras disposiciones regulatorias.

La actividad de la Blockchain Association ilustra la intensidad de la campaña. Según su directora de políticas públicas, Lindsay Fraser, la organización mantuvo más de 380 encuentros con personal del Congreso y otros funcionarios federales en el primer semestre del año.

Coinbase destinó millones a presión política

Coinbase fue la empresa del sector de las criptomonedas que más gastó por sí sola. La plataforma destinó unos 2,2 millones de dólares a actividades de presión que incluían la ley Clarity entre los asuntos abordados. Kraken gastó casi un millón de dólares.

Coinbase sostiene que el gasto no fue en vano. Según un portavoz, estas actividades contribuyeron a acercar la aprobación de una legislación integral sobre criptomonedas y, al mismo tiempo, sentaron las bases para nuevas normas de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas (CFTC).

La ley Clarity avanzó, en efecto, más que los intentos anteriores de establecer un marco regulatorio integral para el mercado estadounidense de criptomonedas. Grandes firmas de las finanzas tradicionales, como BlackRock, Fidelity y Goldman Sachs, también habían expresado su apoyo a la norma.

Finalmente, el proyecto quedó bloqueado en el Senado el 15 de septiembre. Necesitaba 60 votos para seguir adelante, pero solo 49 senadores votaron a favor. Entre los puntos que generaron discrepancias durante las negociaciones figuraban las normas sobre las monedas estables y las restricciones éticas para los altos cargos públicos.

Las divisiones internas del sector cripto también influyeron

Las discrepancias no se limitaron a los políticos. El propio sector de las criptomonedas también estaba dividido sobre aspectos clave de la ley.

Corey Frayer, antiguo empleado de la SEC que actualmente trabaja en la Consumer Federation of America, señaló los conflictos internos del sector sobre decisiones regulatorias clave. Además, en las negociaciones participaron numerosas empresas, asociaciones sectoriales y firmas especializadas en presión política.

Eso no significa que los millones destinados a estas actividades no hayan dado ningún resultado. La ley Clarity llegó al Senado y varios de sus apartados recibieron apoyo tanto de republicanos como de demócratas. Ese trabajo puede servir de base para un nuevo intento.

Mientras tanto, la campaña de presión se está desplazando en parte hacia los supervisores estadounidenses. La SEC y la CFTC siguen trabajando en las normas sobre activos digitales, por lo que las empresas de criptomonedas también están centrando su atención en estos organismos.