El mercado de criptomonedas perdió más de 50.000 millones de dólares de valor en poco tiempo durante la noche. Poco antes, el Gobierno estadounidense había transferido más de 100 millones de dólares en criptomonedas a Coinbase, la mayor parte en Bitcoin (BTC).
Estos movimientos suelen hacer saltar las alarmas, pero un decreto del presidente Donald Trump prohíbe vender esos bitcoins.
El Gobierno mueve sus Bitcoin y BNB
El Gobierno transfirió 833,6 BTC, valorados entonces en unos 71,6 millones de dólares, a dos direcciones desconocidas. En cuestión de horas, los fondos llegaron a Coinbase Prime, la división de la plataforma estadounidense destinada a grandes clientes.
Así lo muestran los datos de Arkham, una empresa que identifica a los titulares de direcciones de la cadena de bloques. Los bitcoins proceden del ataque a Bitfinex de 2016 y del caso de fraude contra Sergei Potapenko e Ivan Turogin, los responsables de HashFlare.
Una segunda cartera transfirió unos 40.285 BNB, la criptomoneda de Binance, a través de varias direcciones intermediarias hasta una dirección sin identificar. Los fondos, valorados en unos 31,6 millones de dólares, proceden de activos incautados a Alameda Research, la firma de negociación del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried.
Estos movimientos apenas reducen las tenencias del Gobierno estadounidense. Sus carteras aún contienen unos 27.500 millones de dólares en criptomonedas, de los cuales 27.230 millones corresponden a Bitcoin.
Todos esos activos fueron incautados en causas penales. Los bitcoins transferidos representan una fracción mínima del total: menos del 0,3 por ciento.
De vender a custodiar
Poco después de la transferencia, Bitcoin cayó casi un 2 por ciento en apenas veinte minutos. El descenso se vio amplificado por una reacción en cadena.
Los inversores que habían apostado por una subida con dinero prestado sufrieron el cierre forzoso de sus posiciones. Se liquidaron así más de 400 millones de dólares, y cada venta forzosa presionó aún más el precio a la baja.
La transferencia pudo actuar como detonante, pero Bitcoin también acusa la subida del precio del petróleo y de las rentabilidades de los bonos.
No sorprende que una transferencia así genere inquietud. Antes del segundo mandato de Trump, el Gobierno vendía con cierta frecuencia grandes cantidades de bitcoins en el mercado.
En marzo de 2023, por ejemplo, vendió 9.861 BTC procedentes del caso Silk Road por unos 215 millones de dólares. Por ello, cualquier movimiento en una cartera del Gobierno se interpretaba como el preludio de una nueva oleada de ventas.
La situación cambió en marzo de 2025. Trump firmó entonces un decreto para crear una Reserva Estratégica de Bitcoin, concebida para conservar los bitcoins del Estado en lugar de venderlos.
En este contexto, Coinbase Prime actúa principalmente como custodio. La plataforma lleva tiempo custodiando criptomonedas para el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, encargado de gestionar los activos incautados.
La prohibición de venta no se aplica a BNB. Las demás criptomonedas incautadas forman parte de un fondo separado, sobre el que el secretario del Tesoro tiene mayor margen de decisión.
Las compras siguen sin concretarse
Cuando Trump habló de una reserva de Bitcoin durante su campaña electoral, la posibilidad de que el propio Gobierno comprara bitcoins fue lo que más entusiasmo despertó. Hasta ahora, esas compras no se han producido.
El decreto permite adquirir bitcoins, siempre que las compras sean presupuestariamente neutrales. Es decir, no pueden suponer un coste para el contribuyente: los fondos deben proceder de otros activos del Estado.
En agosto se reabrió el debate. Durante una cumbre sobre criptomonedas en la Casa Blanca, Trump recibió una pregunta sobre la compra de Bitcoin. Respondió que se había hablado del asunto y dejó la decisión en manos de sus asesores.
También hay una propuesta en el Congreso. El republicano Nick Begich y el demócrata Jared Golden, ambos miembros de la Cámara de Representantes, quieren dar respaldo legal a la reserva y prohibir las ventas durante 20 años. El texto no fija un objetivo concreto de compras.
Mientras esa propuesta no se apruebe, la reserva depende de un único decreto. Un futuro presidente podría revocarlo con su firma.
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