La empresa de análisis de blockchain Chainalysis ha logrado que se desestimen de forma definitiva doce reclamaciones en una demanda relacionada con la quiebra de Celsius Network. Sin embargo, sigue en pie una acusación relevante: la compañía habría contribuido a presentar una imagen potencialmente engañosa de la situación financiera de Celsius.

Un juez estadounidense considera que existe fundamento jurídico suficiente para seguir examinando esa acusación.

La polémica auditoría de 3.300 millones de dólares

El caso gira principalmente en torno a un comunicado de prensa de 2020. Celsius contrató entonces a Chainalysis para calcular el volumen de activos que gestionaba la plataforma de criptomonedas.

Según la demanda, un directivo de Celsius calculó inicialmente unos 1.180 millones de dólares. Tras modificar el método de cálculo, la cifra ascendió a unos 3.300 millones.

Celsius presentó después ese trabajo como una auditoría que supuestamente había verificado sus activos de forma independiente. Según los demandantes, esa descripción ofrecía una imagen engañosa de las comprobaciones que realmente se habían realizado.

Chainalysis habría ayudado a redactar y difundir el comunicado pese a saber que términos como auditoría y verificación independiente podían no ser adecuados.

La decisión del juez no implica que Chainalysis haya sido declarada responsable. Esa cuestión deberá resolverse a medida que avance el proceso.

Continúan las consecuencias de la quiebra de Celsius

Celsius sufrió graves problemas financieros en 2022 y acabó suspendiendo las retiradas. Sus clientes perdieron así el acceso a unos 4.700 millones de dólares en fondos. Un mes después, la plataforma de criptomonedas solicitó acogerse a la protección por quiebra.

Desde entonces, las partes implicadas en la liquidación intentan recuperar fondos para los acreedores y antiguos clientes. La demanda contra Chainalysis forma parte de esos esfuerzos.

Además de las doce reclamaciones desestimadas de forma definitiva, el juez rechazó otras tres relativas a la protección de los consumidores, aunque permitió que se reformularan. Los demandantes tienen hasta el 20 de octubre para hacerlo.

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