Camboya endurece medidas contra criptofraude: hasta diez años de cárcel y multa de 250,000 dólares

El parlamento de Camboya ha aprobado por unanimidad una nueva ley que endurece las sanciones por fraude y engaño a través de medios digitales. Los responsables enfrentan penas de prisión de dos a cinco años y multas de hasta 125.000 dólares. En casos de crimen organizado o con múltiples víctimas, estas penas se duplican. La ley entrará en vigor una vez que el rey la sancione.

Cerrar brechas en la legislación existente

Según el Senado camboyano, la legislación actual no está equipada para enfrentar el crecimiento de la criminalidad digital. El fraude a través de criptomonedas y plataformas en línea está en aumento, pero las normas existentes ofrecían pocas herramientas para actuar eficazmente.

La nueva ley busca no solo proteger mejor a los ciudadanos, sino también la economía y la reputación internacional de Camboya. Además, se apuesta por una mejor colaboración con otros países en la lucha contra el fraude transfronterizo. El Senado aprobó el proyecto por unanimidad con 58 votos a favor, después de que los 112 miembros de la Asamblea Nacional ya lo habían ratificado.

Críticas internacionales como motor

El endurecimiento de las medidas responde a la creciente presión internacional. El Departamento de Estado de EE.UU. señaló en un informe de 2025 que Camboya minimizaba casos de fraude al calificarlos como conflictos laborales. Como resultado, los gestores de centros de estafa rara vez eran procesados.

La presión aumentó recientemente. Las autoridades británicas impusieron sanciones a los gestores de un centro de estafas en Camboya. Además, el país extraditó a un presunto líder de una red criminal a China.

Centros de estafa operan con trabajo forzado

Camboya forma parte de un problema regional más amplio. En varios países del sudeste asiático operan centros de fraude a gran escala donde las víctimas de todo el mundo son engañadas mediante estafas telefónicas y en línea. Investigaciones de las Naciones Unidas revelan que estos centros a menudo funcionan como complejos cerrados donde la gente trabaja bajo coacción.

En un informe de la ONU de 2024 se describe cómo las víctimas son retenidas contra su voluntad y obligadas a cometer fraude. Los centros están completamente equipados con dormitorios y servicios, lo que mantiene a las personas aisladas durante largos períodos. Muchos de los involucrados son a su vez víctimas de trata de personas y están expuestos a intimidación y violencia.

La aplicación será la verdadera prueba

Con la nueva ley, Camboya da un paso en la dirección correcta. Sin embargo, la comunidad internacional observa con atención. La cuestión no es si la ley existe, sino si las autoridades actuarán esta vez contra las redes detrás de las estafas. Los próximos meses demostrarán si se trata solo de legislación en papel o si realmente habrá cambios.