Un exasesor de Donald Trump en materia de criptomonedas está en el punto de mira tras las revelaciones sobre sus vínculos con Tether, la empresa que emite la mayor moneda estable del mundo. Mientras Bo Hines trabajaba desde la Casa Blanca en una importante ley estadounidense sobre criptoactivos, una empresa de la que era copropietario recibió millones de dólares procedentes de Tether. Poco después de la aprobación de la norma, Hines asumió un alto cargo en la compañía.

Así lo revela una investigación de The Wall Street Journal, que ha analizado documentos internos, mensajes y transacciones con criptomonedas. Las revelaciones plantean dudas sobre posibles conflictos de intereses en la Administración Trump.

Pagos millonarios durante la negociación de la ley sobre criptomonedas

Hines fue nombrado asesor de Trump en materia de criptomonedas a principios de 2025. Desempeñó un papel destacado en la elaboración de la ley GENIUS, que establece un marco normativo claro en Estados Unidos para las monedas estables. Se trata de criptomonedas cuyo valor está vinculado a un activo de referencia, como el dólar estadounidense.

Al mismo tiempo, su empresa Nxum mantenía relaciones comerciales con Tether, emisora de la moneda del mismo nombre (USDT). Hines fundó Nxum en 2022 junto con su padre, Todd Hines, y su socio Gary Dennis. Cada uno poseía un tercio de la empresa. Al incorporarse a la Casa Blanca, Hines se apartó de la gestión diaria, pero conservó su participación.

En abril de 2025, su padre y Dennis se reunieron en Nueva York con el consejero delegado de Tether, Paolo Ardoino. Poco después, cerraron un acuerdo de servicios de publicidad y representación de intereses. Tether se comprometía a pagar 415.000 dólares mensuales durante al menos dos años.

El primer pago, de 2,49 millones de dólares, se efectuó el 11 de mayo de 2025. La mayor parte del dinero llegó a Nxum a través de un intermediario. Más adelante se realizaron pagos directos. Según The Wall Street Journal, Nxum ingresó en total 6,3 millones de dólares gracias al acuerdo.

El asesor de Trump contribuyó a una regulación más favorable para Tether

Estos vínculos financieros llaman la atención por el papel que desempeñó Hines en la elaboración de la ley GENIUS. Trump la firmó el 18 de julio de 2025 y la norma establece las condiciones en las que las empresas de monedas estables pueden operar en Estados Unidos.

Uno de los principales puntos de debate fue el plazo que tendrían las plataformas de intercambio de criptomonedas para retirar gradualmente las monedas estables que no cumplieran las nuevas normas. Los demócratas y algunas empresas estadounidenses del sector defendían un plazo de 18 meses. Según personas implicadas en las negociaciones, Hines abogó por ampliarlo a 36 meses.

Ese periodo de transición más largo beneficiaba especialmente a Tether, ya que le daría más tiempo para adaptarse a la regulación estadounidense sin tener que introducir grandes cambios de inmediato.

Los mensajes de Signal muestran, además, que Hines mantuvo el contacto con sus socios durante las negociaciones. Cuando algunos congresistas republicanos amenazaron con bloquear la ley, compartió argumentos para presionarlos. Mientras tanto, sus socios estaban en contacto con la cúpula de Tether.

Hines asumió un alto cargo en Tether tras dejar la Casa Blanca

Unas semanas después de que Trump firmara la ley GENIUS, Hines anunció su salida de la Casa Blanca. En septiembre de 2025 fue nombrado máximo responsable de la nueva división estadounidense de Tether.

Un representante de Nxum niega que Hines conociera los pagos mientras ejercía su cargo público. Según el portavoz, no intervenía en las actividades comerciales ni recibió entonces dinero procedente de Tether. También negó que su incorporación a Tether se hubiera pactado de antemano.

Tether no respondió a las preguntas de The Wall Street Journal. La Casa Blanca subrayó que sus empleados deben cumplir las normas éticas vigentes.

Según Cynthia Brown, experta en ética pública de la organización de vigilancia CREW, los funcionarios estadounidenses, por regla general, no pueden intervenir en asuntos en los que tengan un interés económico personal.

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