La guerra contra Irán dispara los precios de la energía en Europa, y los líderes europeos disponen de muy pocas herramientas para contenerlos. Hoy comienza en Bruselas una cumbre de dos días, pero las medidas de emergencia de la anterior crisis energética resultan ahora mucho más difíciles de financiar.

El gas europeo alcanza su precio más alto desde finales de 2022

El precio del gas natural en Europa alcanza niveles no vistos desde diciembre de 2022, según los datos de ICE Futures Europe.

Europa importa la mayor parte del petróleo y el gas que consume. Por eso, la guerra que libra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Irán repercute directamente en la inflación y el crecimiento de los 27 Estados miembros.

Según Bloomberg , la guerra ya ha incrementado la factura europea de importación de combustibles fósiles en más de 100.000 millones de euros (unos 111.000 millones de dólares). Esto equivale a más de 200 euros por habitante de la UE.

A ello se suma que las reservas de gas se encuentran en mínimos históricos a las puertas de la temporada de calefacción.

El margen de actuación es ahora muy limitado. Los topes a los precios y las rebajas fiscales tienen un elevado coste para unas cuentas públicas ya sometidas a fuertes presiones. La subida de los tipos de interés agrava la situación, porque encarece la financiación de los Estados.

Elise Viadere, investigadora del centro de estudios Centre for European Reform, destaca una diferencia importante respecto a la crisis anterior: los líderes de la UE afrontan la segunda crisis energética en cuatro años, esta vez con una deuda pública más elevada y mayores costes de financiación.

Sin solución milagrosa para los altos precios de la energía

La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, advertirá a los líderes de que no existe una solución milagrosa. Así lo señala un alto funcionario comunitario que pide mantener el anonimato por el carácter confidencial de las conversaciones.

Las propuestas de la Comisión no reducirán los precios a corto plazo. El Ejecutivo comunitario quiere prorrogar las compras conjuntas de energía, prolongar las ayudas estatales a las industrias más afectadas y aplazar una norma climática sobre las emisiones de metano de los combustibles importados.

En el borrador de conclusiones al que ha tenido acceso Bloomberg, los líderes también piden a la Comisión medidas adicionales a corto plazo para contener los precios de la energía, aunque no precisan cuáles.

La Comisión estudia además un impuesto europeo sobre los beneficios extraordinarios que obtienen las energéticas exclusivamente por los altos precios. Ya se aplicó una medida similar tras la invasión rusa de Ucrania, con un gravamen equivalente al 33% de esos beneficios adicionales.

Sin embargo, repetir la medida genera reticencias. Algunos Estados miembros se oponen y existe preocupación por que reste fondos necesarios para invertir en refinerías de petróleo.

Tampoco hay acuerdo entre los líderes sobre las medidas a largo plazo. Países Bajos, España y los países escandinavos no quieren modificar el régimen de comercio de derechos de emisión (ETS), por el que las empresas pagan por cada tonelada de CO2 que emiten. En cambio, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y su homólogo checo, Andrej Babiš, quieren aplazar su ampliación a la calefacción y al transporte por carretera, prevista para 2028.

Mientras tanto, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) decidirá hoy si los países del G7 sacan al mercado con rapidez un volumen adicional de diésel. Por ahora, es la única medida concreta que puede incidir en los precios a corto plazo, aunque afecta al diésel y no al gas.

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