En Malasia, doce policías fueron arrestados tras una redada en una vivienda cerca de Kuala Lumpur. Las detenciones siguen a una denuncia de un grupo de ciudadanos chinos que alega ser víctima de abuso de poder. Según ellos, una persona fue obligada a transferir criptomonedas.

La policía forzó la transferencia de criptomonedas

Las autoridades malasias han confirmado que se trata de doce agentes involucrados en la extorsión de aproximadamente 200,000 ringgit, equivalentes a unos 43,500 euros.

La redada se llevó a cabo en un bungalow en el distrito de Kajang, a las afueras de la capital. La policía habría encontrado allí a varios ciudadanos chinos, confiscando sus teléfonos y computadoras portátiles. Según el comunicado oficial, uno de ellos fue forzado a transferir sus activos digitales a una dirección específica de criptomonedas.

Según el jefe de policía local de Selangor, Shazeli Kahar, el caso se ha tomado en serio. “Se actuó de inmediato y se detuvo a doce policías para apoyar la investigación”, afirmó en un comunicado. Confirmó que el caso se trata como un robo en banda en el que se sustrajeron criptomonedas.

Rey y primer ministro intensifican la lucha contra la corrupción

Las detenciones coinciden con un enfoque más amplio contra la corrupción dentro del gobierno malasio. Desde que asumió el cargo en 2022, el primer ministro Anwar Ibrahim ha procesado a varios altos funcionarios y políticos por abuso de poder.

El rey de Malasia, el sultán Ibrahim Iskandar, también se pronunció al respecto a principios de esta semana. En un mensaje enérgico en línea, advirtió: “No piensen que no estoy al tanto. Tengo mi propia inteligencia”. Indicó que la policía, inmigración, aduanas e incluso la comisión anticorrupción (MACC) están siendo vigiladas.

Incidentes similares ponen a Malasia bajo presión

Este no es el primer caso de delitos relacionados con criptomonedas en Malasia. A finales del año pasado, se reveló que la minería ilegal de Bitcoin (BTC) había robado aproximadamente 1,100 millones de dólares en electricidad de la empresa estatal de energía.

Desde entonces, el gobierno ha utilizado drones, escáneres portátiles y grupos especiales para localizar miles de sitios de minería ocultos. Ante los daños a la infraestructura y la implicación de redes criminales, ahora se está considerando una prohibición total de todas las actividades de minería.

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