La justicia estadounidense ha autorizado el decomiso de más de mil millones de dólares en criptomonedas robadas en el ataque a Binance. Un juez dio ayer luz verde a la medida en un caso que, según Washington, está directamente vinculado al programa armamentístico de Corea del Norte.

La justicia autoriza el embargo de fondos robados a Binance

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha obtenido autorización para incautar o bloquear más de 1.200 millones de dólares procedentes del ataque que sufrió la plataforma de criptomonedas Binance el 29 de octubre.

El FBI atribuye el ataque a TraderTraitor, un grupo de piratas informáticos del Ejército norcoreano. Según el DOJ, el grupo sustrajo más de 6.000 millones de dólares, mientras que Binance cifra el robo en unos 6.300 millones. Se trata del mayor robo de criptomonedas de la historia.

M. Scott Proctor, responsable adjunto de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, vincula directamente el robo con la financiación del régimen. Según afirmó, el Gobierno norcoreano utiliza el robo de criptomonedas para sostener su régimen y financiar su programa ilegal de armamento.

Pyongyang niega cualquier implicación y califica las conclusiones del FBI de provocación política.

Aunque la cifra parece una recuperación importante, los fondos ya estaban inmovilizados. Se trata principalmente de monedas estables vinculadas al dólar en una proporción de uno a uno. Sus emisores pueden congelar los fondos robados depositados en una dirección.

Tether, la empresa responsable de USDT, y Circle, emisora de USDC, actuaron en menos de una hora tras el ataque. Según la firma de análisis de cadenas de bloques Elliptic, prácticamente todos los fondos robados que se han congelado corresponden a estas dos monedas estables.

Con criptomonedas como Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH), la situación es distinta: nadie puede bloquearlas en la propia cadena de bloques. Solo una plataforma de intercambio puede inmovilizarlas cuando llegan a ella.

Por eso, según ha observado Elliptic, los atacantes están convirtiendo el resto del botín en ether y otras criptomonedas que no pueden congelarse. El FBI también ha detectado que los fondos robados se convierten principalmente en ether.

Además, los atacantes mueven los fondos a gran velocidad. Los transfieren mediante puentes entre cadenas de bloques y servicios de mezcla que ocultan el origen de las criptomonedas.

Los 1.200 millones de dólares forman parte de los más de 2.700 millones que los organismos estadounidenses y las empresas ya habían congelado conjuntamente. Por tanto, no se han recuperado más fondos: solo cambia su situación jurídica.

La autorización judicial permite al Gobierno avanzar hacia el decomiso definitivo. Mientras que la congelación solo inmoviliza los fondos, el decomiso los convierte oficialmente en propiedad del Estado.

A. Tysen Duva, responsable de la División Penal del DOJ, afirma que se ha inmovilizado aproximadamente la mitad del botín. La estimación es algo generosa: la proporción ronda el 43%.

¿Qué destino tendrán los fondos?

Aún no está decidido. El DOJ suele devolver los fondos decomisados a las víctimas, pero Binance ya ha compensado a los clientes afectados con recursos propios. Ayer, la plataforma anunció que había completado los reembolsos.

Antes, el procedimiento era sencillo. Una vez compensadas las víctimas, el Gobierno solía vender los activos restantes, a menudo mediante subastas. Los ingresos se destinaban a un fondo para financiar la investigación y la aplicación de la ley.

El caso de Bitfinex ilustra cómo puede aplicarse este procedimiento a una plataforma de intercambio. Tras sufrir un ataque en 2016, la empresa repartió las pérdidas entre todos sus clientes y posteriormente les reembolsó el dinero. Así, fue la propia Bitfinex la que acabó asumiendo las pérdidas.

Por ese motivo, el Departamento de Justicia consideró a la plataforma como la única víctima. En 2025, un juez estadounidense ordenó devolver a Bitfinex más de 94.000 bitcoins incautados.

La política cambió con la llegada de Donald Trump a la presidencia. Desde la aprobación de un decreto en marzo de 2025, el Estado ya no vende los bitcoins decomisados, sino que los incorpora a una reserva estratégica de Bitcoin.

Las demás criptomonedas pasan a una reserva separada, de la que el Departamento del Tesoro sí puede vender activos. En ambos casos, la compensación a las víctimas sigue teniendo prioridad.

En el caso de los fondos robados a Binance, lo relevante es esta segunda reserva, ya que se trata principalmente de monedas estables. Si el juez reconoce a Binance como víctima, lo previsible es que se devuelvan a la plataforma. De lo contrario, pasarán a la reserva estatal.

El desenlace aún es incierto, ya que en el caso de Bitfinex la devolución se articuló mediante acuerdos con los atacantes, que se declararon culpables. Los responsables norcoreanos siguen, por ahora, fuera del alcance de la justicia estadounidense.

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