Las aduanas alemanas podrán inmovilizar criptoactivos sin que haya un proceso penal en curso. El Parlamento aprobó la semana pasada una ley que va más allá de lo que exige la normativa europea. Quienes no puedan justificar el origen de sus criptomonedas se arriesgan a perderlas.

Las aduanas alemanas podrán inmovilizar criptomonedas por sospechas

El Bundestag, la Cámara Baja alemana, aprobó la ley el jueves 12 de noviembre. La norma forma parte de una estrategia más amplia contra el blanqueo de capitales.

La norma permitirá a las aduanas inmovilizar bienes por valor de más de 100.000 euros durante un máximo de 30 días si su origen lícito no resulta verosímil. La medida se aplicará al efectivo, los vehículos y los inmuebles, e incluye expresamente los criptoactivos.

A la cotización actual, ese umbral equivale a unos 1,8 bitcoins (BTC). Un juez podrá prorrogar la inmovilización una sola vez por otros 150 días, sin celebrar una vista y sin posibilidad de recurso.

Si las aduanas solicitan el decomiso definitivo, el cómputo del plazo se suspende hasta que el juez se pronuncie. Por tanto, los 180 días que suelen citarse no constituyen un límite máximo.

La ley no se pronuncia sobre las criptomonedas en autocustodia. En este tipo de monederos, el propietario conserva la clave privada, el código secreto que permite acceder a los fondos.

Según la asociación del sector de la cadena de bloques Bundesblock, en estos casos el control suele estar en manos de quien posee la clave privada. El Estado solo puede acceder a esos fondos mediante medidas dirigidas contra su titular, no a través de un tercero, como una plataforma de intercambio.

¿Quién debe demostrar el origen de los bienes?

Formalmente, el Estado. Para ordenar el decomiso definitivo, los jueces de un tribunal de lo financiero deben estar convencidos de que los bienes tienen un origen ilícito. En la práctica, sin embargo, la carga de la prueba se desplaza hacia el propietario.

Según la exposición de motivos de la ley, guardar silencio o alegar desconocimiento no suele bastar para evitar el decomiso.

Durante el debate, el diputado del SPD Ingo Vogel defendió que la ley no establece un decomiso automático ni una inversión general de la carga de la prueba.

El ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, fue más tajante en agosto: si los sospechosos no pueden acreditar que adquirieron sus bienes de forma legal, se quedarán, de momento, sin el Porsche o el Rolex.

El Consejo Federal de la Abogacía alemana (BRAK) considera que la falta de documentación, por ejemplo en una herencia antigua, no debe tomarse como prueba del origen ilícito del patrimonio. Los inversores en criptomonedas que no conservaron justificantes de sus primeras compras podrían verse así en dificultades.

Hasta ahora, el decomiso de este tipo de patrimonio en Alemania se tramitaba por la vía penal. Desde 2017, un juez penal puede ordenar el decomiso de bienes de origen incierto, es decir, retirarlos de forma definitiva sin una condena por un delito concreto.

Esta vía solo es posible si los bienes se han incautado previamente en un proceso penal por un delito grave. Según los estados federados, ese requisito frustra demasiados procedimientos. La venta de casi 50.000 bitcoins del caso Movie2k en 2024 también se llevó a cabo por esta vía.

Por ello, los partidos del Gobierno se comprometieron en su acuerdo de coalición a invertir por completo la carga de la prueba en el decomiso de bienes de origen incierto. La ley aduanera no cumple esa promesa, pero sí elimina la necesidad de que exista un proceso penal previo.

Irlanda y Australia se adelantaron

Fuera de Alemania, el decomiso sin proceso penal no es una novedad. Irlanda lo aplica desde 1996, tras el asesinato de la periodista de sucesos Veronica Guerin. Desde entonces, la Oficina de Activos del Delito puede solicitar la inmovilización de bienes, incluidos los criptoactivos, sin necesidad de formular una acusación contra nadie.

El Estado irlandés debe, no obstante, convencer a un juez de que los bienes proceden de actividades delictivas. Estos solo pasan definitivamente a manos del Estado al cabo de siete años, aunque el Gobierno quiere reducir ese plazo a dos.

El Reino Unido cuenta desde 2018 con las órdenes de justificación de patrimonio no explicado. Mediante este instrumento, un juez puede obligar a una persona a explicar cómo adquirió bienes por valor de más de 50.000 libras. Desde 2024, las autoridades británicas también pueden inmovilizar monederos de criptomonedas alojados en empresas del sector del país.

En Estados Unidos, las autoridades judiciales decomisan con frecuencia criptomonedas sin formular una acusación. Allí basta con que el Gobierno demuestre que es más probable que las monedas estén vinculadas a un delito que lo contrario.

El estado de Australia Occidental fue un paso más allá en 2000. Allí es el propietario quien debe demostrar que obtuvo su patrimonio de forma legal: precisamente la inversión total de la carga de la prueba que Berlín no se atreve a adoptar por ahora.

Italia lleva décadas decomisando bienes de la mafia sin condena cuando el patrimonio no se corresponde con los ingresos legales. Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó el año pasado que ese desequilibrio, por sí solo, no constituye una prueba suficiente.

En los Países Bajos, por regla general, el patrimonio de origen delictivo solo puede decomisarse tras una condena. El Gobierno trabaja en ampliar esa posibilidad para transponer una directiva europea que permite el decomiso cuando aparece patrimonio de origen no justificado en una investigación penal sobre delincuencia organizada.

El plazo para transponer esa directiva vence el 23 de noviembre, el próximo lunes. La ley aduanera alemana va más allá de lo que exige Bruselas, ya que no requiere ninguna investigación penal.

Antes de su entrada en vigor, la ley aún debe pasar por el Bundesrat, la cámara de representación de los estados federados alemanes. Esta había reclamado precisamente una inversión total de la carga de la prueba y la posibilidad de inmovilizar bienes durante un máximo de doce meses. Si el Bundesrat da su visto bueno, las normas entrarán en vigor el 1 de enero de 2027.

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